Y esto, agravado por las características de un Sistema Dominicano de Seguridad Social que parece más beneficioso para la banca que para las personas que se supone que deben ser las protegidas.
Al 30 de diciembre de 2019, el patrimonio de los fondos de pensiones que gestionan las AFP asciende a unos RD$576,021.9 millones. Si se incluyen los fondos de la totalidad de los sistemas previsionales, este monto asciende a RD$732,220.9 millones.
Esto significa que de aprobarse el retiro del 30% de los fondos, a la economía dominicana ingresarían de golpe y porrazo RD$172,806.77 millones, en la medida en que los más de 3.9 millones de afiliados al sistema de capitalización individual lo comiencen a gastar.
ADEMÁS DEL COVID-19, PANDEMIA MONETARIA
El Banco Central ya dio la alarma sobre las consecuencias macroeconómicas y sobre los ahorros previsionales. Devolver esos ahorros a los afiliados implicaría redimir de forma anticipada un monto significativo de títulos emitidos por el mismo Banco Central, por el Ministerio de Hacienda, y por la banca, que tienen fechas de vencimiento de mediano y largo plazo “y tasas de rendimiento favorables y consistentes con los objetivos previsionales de largo plazo”, explica el Banco Central.
También, redimir estos títulos, significa aumentar “de forma desproporcionada” la emisión monetaria, lo que implicaría un crecimiento de más de un 64% del dinero en circulación que estaría principalmente en las manos del público.
Y cuando el público tiene dinero en efectivo, a costa del ahorro, compra. Entonces, “eso provocaría un aumento generalizado en los precios de la economía”, como resultado de la situación de la economía dominicana, “con una producción ralentizada”.
En otras palabras, en la medida que todos salgan a comprar, una parte importante del valor del peso dominicano tendería a desvanecerse por la inflación de los precios y por la devaluación monetaria.
El dinero se diluiría como la sal en el agua, bajo el embate de una inflación alcista y una tasa de cambio creciente.
“Este eventual proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos, se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio y fuga de capitales de la economía”, explica el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.
Los fondos de pensiones no están en las Administradoras de los Fondos de Pensiones, desde donde éstas pudieran sacarlos para distribuirlos. Esa razón llevó a la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) a calificar la propuesta como “inviable y poco acertada”.
“Esas inversiones se canalizan, principalmente, a través de títulos, como bonos, acciones y otros vehículos de inversión en el mercado de valores. De esa forma, los fondos crecen y permiten crear un patrimonio mayor para las pensiones de los afiliados”, explicó Kirsis Jáquez, presidente ejecutiva de ADAFP.
Según las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), al 31 de marzo de 2020, el 38.58% de los fondos de pensiones estaban invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda. Mientras que el 40.94% lo estaban en certificados del Banco Central. Asimismo, un 10.92%, en forma de títulos emitidos por los bancos de servicios múltiples, y un 1.71% en los de las asociaciones de ahorros y préstamos. Mientras que los porcentajes restantes, estaban invertidos en títulos de bancos de ahorro y créditos, empresas privadas, organismos multilaterales, fideicomisos de ofertas públicas, y fondos de inversión. Y todos, con fechas definidas de redención.
UN POBRE RETIRO, CON MÁS POBREZA
En ese contexto, de darse el retiro anticipado del 30% de los fondos de pensiones, ¿cuáles serían las consecuencias directas para los afiliados?
Se consultó a Arismendi Díaz Santana, un reconocido economista especializado en seguridad social, responsable de dirigir el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano Seguridad Social (SDSS). También, redactor de la Ley 87-01 que rige el sistema, y primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), órgano rector del sistema.
De una serie de preguntas, que le fueron formuladas, la más significativa fue: “En el caso de que esa iniciativa se apruebe por el Congreso, ¿cómo afectaría a los trabajadores llegada la hora de su retiro?”.
En su repuesta, y bajo el supuesto de que no se realice la devolución del 30%, se refirió al posible caso de un trabajador promedio con un salario de 20,000 pesos constantes, cotizando el 8% para sus fondos de pensiones, y con una rentabilidad anual real de 6% durante 30 años.
Al final del periodo acumularía un fondo de retiro de RD$1,287,144.77, “más los intereses que seguiría obteniendo del fondo remanente durante su retiro”. Y si la pensión fuera de 12,000 mensuales, equivalente al 60% del salario promedio, “este pensionado podría disfrutar de 11.7 años de pensión, unos 4.3 años menos que los 17 años estimados como promedio de retiro”. O sea, no llegaría ni de cerca a los 20 años de pensión.
Pero en el caso de aprobarse la devolución del 30% de los fondos de pensiones, lo que en el supuesto significaría que se entregara RD$132,077.50 a los afiliados durante los siguientes días, el costo para las personas sería el siguiente: Al final de los 30 años, la pérdida para el afiliado sería de RD$264,313, lo que significaría que llegada la fecha de la pensión, solo la recibiría durante 8.11 años, 3.6 años menos, que en el supuesto de que no se realice el retiro del 30%.
La pensión inicia con el retiro, que es partir de los 60 años, lo que significa que, a partir del caso anterior, cuando el trabajador deje de recibirla, tendría un poco más de 78 años, edad en la que se quedaría sin fuentes de ingreso, lo que sería agravado por la ausencia de un seguro médico y con una muy escasa posibilidad de conseguir un empleo.
UN SISTEMA A FAVOR DE LA BANCA
Pero independientemente de lo inviable de la propuesta de un retiro anticipado y de golpe y porrazo del 30% de los fondos de pensiones, también existen razones que han convertido a las administradoras de fondos de pensiones en blancos de muchas críticas. Y la razón principal son sus altas ganancias, que multiplican en varias veces las recibidas por los afiliados, dueños de los fondos.
Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) del sistema de capitalización individual cerraron el 2019 con rentabilidad nominal sobre el capital (ROE) que llega hasta el 51%.
¿Cuáles negocios en el mundo acumulan una rentabilidad sobre el capital de hasta un 51% en un año? No se sabe de muchos, pero está claro que la respuesta incluye a las AFP.
No todas ganaron por igual. Son sietes, dos de recientes inicios de operaciones, que son la Atlántico y JMMB-BDI, y que por lo tanto aun registran las pérdidas normales de un negocio nuevo. Al 31 de diciembre, su ROE fue negativo en 7% y 55%, respectivamente.
Pero para las más añosas en el mercado, que son cincos, las tasas de rentabilidad varía desde 19% (Romana), hasta el 51% mencionado (Crecer).
El resto: Popular, Reservas (de propiedad estatal) y Siembra, obtuvieron rentabilidades nominales sobre el capital de 36%, 30% y 44%, respectivamente.
Para el mismo período y para los llamados protegidos del sistema previsional, que son los trabajadores afiliados, fue de 10.82%. lo que representa una rentabilidad real (restada la tasa de inflación) de 5.47%, según el boletín trimestral que publica la Superintendencia de Pensiones, corresponde a diciembre de 2019.
O sea, los dueños de los fondos recibieron una rentabilidad que es casi de hasta una quinta parte de la AFP que más ganó. Y que también es muy inferior a la rentabilidad de las restantes administradoras de los fondos de pensiones.
La Superintendencia de Pensiones tiene en línea una calculadora con la que supuestamente (muy supuestamente) cada afiliado puede calcular su pensión.
Cuando se matiza la condición de “muy supuestamente” es porque los pronósticos de la estimación se basan en supuestos que normalmente y a mediano y largo plazo no tienden a ser real.
Estos supuestos incluyen que la rentabilidad nominal es de 12.35% anual (desde el 2015 está por debajo de eso).
También, que la rentabilidad real (descontando la tasa de inflación) sea de 5%, “de acuerdo con la Circular 77-11 de la Superintendencia de Pensiones”. Desde el 2017 se mantiene ligeramente por encima de esa tasa, pero antes estuvo por debajo.
Asimismo, que cada año el salario real de los trabajadores aumente un 1%. Pero en República Dominicana, el salario real se estanca y hasta decrece, aunque la productividad laboral se mantenga creciendo, lo que significa en el mediano y largo plazo que el trabajador dominicano trabaja más, pero por menos por hora trabajada.
SALARIOS BAJOS, PRODUCTIVIDAD ALTA
En un informe de mazo de 2017, titulado Radiografía del Trabajo: “Trabajos dignos o empleos chatarras”, la Fundación Juan Bosch revela cómo se comporta a largo plazo la productividad laboral y los ingresos reales promedios por hora trabajada. En un intervalo de tiempo desde el 2003 y hasta el 2015, se observa que la productividad laboral promedio se mantuvo significativamente por encima del ingreso promedio real por hora. En 2015 el índice de la productividad era 106 y el del ingreso real, un 78.2.
Eso ya lo había divulgado el FMI, en un documento de trabajo desarrollado por los economistas Umidjon Abdullaev y Marcelo Estevão. Entre los años 2000 y 2011, el ingreso real por hora trabajada de los trabajadores por cuenta propia y del sector privado cayó en 27%. En el caso de las mujeres, la fue mucho más pronunciada, un 35% en comparación al 27% de los hombres que trabajan por cuenta propia.
También, en un análisis divulgado por el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) que incluye los años 2007 a 2016, de concluye en la República Dominicana se ha observado un crecimiento tanto de la productividad laboral, como de los salarios reales. Pero igual se destaca que “los salarios reales aún tienden a estar por debajo de la productividad, produciéndose una ineficiencia en la asignación de los recursos en el mercado laboral”.
Por ejemplo, en 2016, el índice de productividad laboral era de 236.78, y el del salario por hora real 74.91, siguiendo en el tiempo una curva mucho más plana que el de la productividad.
Cabría preguntarse si eso ha cambiado para bien, donde la informalidad laboral arropa al 48.4% de la fuerza de trabajo dominicana.
La calculadora de la Sipen incluye otras variables, como el que afiliado trabajará “desde la edad actual hasta el momento de retiro sin interrupciones”. Y lo dice para un país donde la densidad de cotizantes, que consiste en la relación entre la cantidad de cotizantes sobre la cantidad de afiliados se mantiene por debajo de 50%, sea porque los restantes perdieron el empleo o porque ingresaron a la informalidad, entre otras posibles causas.
