Venezuela denunció este miércoles que un tribunal de Estados Unidos autorizó la venta de Citgo, su principal activo petrolero en territorio estadounidense, en un proceso de remate destinado a pagar a los acreedores y que aún requiere la autorización del gobierno de ese país.
La filial de la estatal PDVSA permanece bajo el control de una junta designada por la oposición desde 2019, cuando Washington desconoció al presidente Nicolás Maduro y transfirió a ese grupo la administración de la compañía, Citgo arrastra pasivos que superan los 20.000 millones de dólares derivados de expropiaciones ejecutadas por el fallecido presidente Hugo Chávez y de deudas acumuladas durante el mandato de Maduro.
El juez de Delaware, Leonard Stark, ha aprobado en varias ocasiones la subasta de Citgo. La más reciente ocurrió el sábado, cuando adjudicó la empresa a una filial de Elliott Investment Management, no obstante, la operación no se ha concretado debido a la licencia de protección otorgada por la Oficina de Control de Activos (OFAC), un permiso que ha sido renovado desde 2019 y que vence el próximo 20 de diciembre.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez leyó este martes un comunicado en el que el gobierno “rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de ‘venta forzosa’ de la empresa Citgo”, añadió que “Venezuela no reconoce ni reconocerá la venta de Citgo” y responsabilizó a la oposición, encabezada por la líder María Corina Machado, de la pérdida del activo. Horacio Medina, presidente de la junta opositora que administra Citgo, afirmó que impugnará el fallo y aseguró: “Vamos a apelar con todo”. Medina estima el valor de la compañía en unos 10.000 millones de dólares.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, recomendó además al Ejecutivo retirar la nacionalidad a seis dirigentes opositores, a quienes acusa del “robo” de Citgo.
Estas tensiones internas coinciden con una reunión del presidente estadounidense Donald Trump con su Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación de Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, una operación que la Casa Blanca justifica como parte de la lucha contra el narcotráfico.


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