Washington (AP).- La Corte Suprema de Estados Unidos parecía inclinada el lunes a expandir el control presidencial sobre las agencias federales independientes, mostrando apoyo a que el presidente Donald Trump pueda despedir a directivos.
La mayoría conservadora de la corte sugirió que podría anular una decisión unánime de hace 90 años que limita cuándo los presidentes pueden despedir a los miembros de las juntas directivas en las agencias o dejarlas con la cáscara intacta.
El presidente del máximo tribunal, John Roberts, se refirió al fallo que data de 1935 conocido como Humphrey’s Executor como “una cáscara seca”.
Los jueces liberales advirtieron que la decisión buscada por la administración concentraría un vasto poder en manos del presidente, despojando a las agencias de su experiencia.
La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que el presidente podría “despedir a todos los científicos, los médicos, los economistas y los doctores y reemplazarlos con leales y personas que no saben nada”.
El abogado del gobierno ante la Corte Suprema, D. John Sauer, defendió la decisión de Trump de despedir sin causa a Rebecca Slaughter, integrante de la Comisión Federal de Comercio, y pidió a la corte que anule el fallo Humphrey’s Executor.
Sauer dijo que el fallo “no ha resistido la prueba del tiempo” y había permitido una “cuarta rama sin cabeza” del gobierno, el estado administrativo al que los conservadores y los intereses empresariales apuntan desde hace décadas.
Los seis jueces conservadores, incluidos tres nombrados por Trump en su primer mandato, ya han mostrado un fuerte apoyo a la posición de la administración, a pesar de la objeción de los liberales, al permitir que Slaughter y los directivos de otras agencias sean removidos de sus cargos incluso mientras sus desafíos legales continúan.
Trump también ha despedido a miembros de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, de la Junta de Protección del Sistema de Mérito y de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.
Las únicas que hasta ahora han sobrevivido a los esfuerzos por remover a funcionarios son Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal, y Shira Perlmutter, una funcionaria de derechos de autor de la Biblioteca del Congreso. La corte ha sugerido que revisará el caso de la Fed de manera diferente a otras agencias independientes. Trump ha dicho que quiere que Cook salga debido a acusaciones de fraude hipotecario. La funcionaria niega las acusaciones.
Una segunda cuestión en el caso de Slaughter podría afectar a Cook. Incluso si su despido resulta ser ilegal, la corte quiere decidir si los jueces tienen el poder de reinstalar a alguien.
El juez Neil Gorsuch escribió a principios de este año que los empleados despedidos que ganan en la corte probablemente puedan obtener pago retroactivo, pero no reinstalación.
Eso podría afectar la capacidad de Cook para permanecer en su puesto. Los jueces han parecido cautelosos sobre la incertidumbre económica que podría resultar si Trump puede despedir a directivos del banco central. La corte escuchará argumentos separados en enero sobre si Cook puede permanecer en su trabajo mientras su desafío legal avanza.
El juez Brett Kavanaugh señaló que está inclinado a apoyar a Cook, describiendo como una “vuelta” la idea de que un funcionario despedido ilegalmente solo tendría derecho a su salario.
Bajo el liderazgo de Roberts, la corte ha emitido una serie de decisiones desde 2010 que han reducido constantemente las leyes que restringen la capacidad del presidente para despedir personas.
En 2020, Roberts escribió para la corte que “el poder de remoción del presidente es la regla, no la excepción” en una decisión que respaldó el despido por parte de Trump del jefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor a pesar de las protecciones laborales similares a las ratificadas en el caso Humphrey.
En la decisión de inmunidad de 2024 que salvó a Trump de ser procesado por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020, Roberts incluyó el poder de despido entre los poderes “conclusivos y excluyentes” del presidente que el Congreso no tiene la autoridad para restringir.
La corte también está lidiando con un miembro de la Comisión Federal de Comercio (FTC) que fue despedido por el presidente Franklin Roosevelt en 1935, quien prefería a un funcionario en una agencia que tendría mucho que decir sobre las reformas económicas del New Deal.
William Humphrey se negó a la solicitud de renuncia de Roosevelt. Después de que Humphrey murió al año siguiente, la persona encargada de administrar su patrimonio, demandó por pago retroactivo.
Los jueces confirmaron unánimemente la ley que establecía la FTC y limitaba al presidente a remover a un comisionado solo por “ineficiencia, negligencia en el deber o malversación en el cargo”.
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